Asesoría Jurídica
El pasado 9 de abril de 2026 se publicó en el Boletín Oficial del Estado la Ley 1/2026, de 8 de abril, integral de impulso de la economía social, una norma que actualiza en profundidad el marco jurídico de las cooperativas, las empresas de inserción y las entidades de economía social en España. Entre todas las novedades que incorpora, dos de ellas tienen un significado especial para quienes formamos parte del Grupo Social ONCE: por primera vez en nuestra historia, la ley reconoce expresamente lo que llevamos décadas construyendo.
El Grupo Social ONCE es hoy una de las organizaciones más grandes y sólidas de la economía social en Europa. Con una presencia consolidada en múltiples sectores de actividad y una misión que combina la atención a las personas con discapacidad visual con la promoción de la inclusión laboral de personas con todo tipo de discapacidad, nuestra organización ha demostrado durante décadas que es perfectamente posible generar valor económico real y transformación social de manera simultánea. No somos una excepción al modelo productivo, somos, precisamente, uno de sus mejores ejemplos.
Sin embargo, y pese a esa realidad contrastada, tanto la Ley 5/2011 de Economía Social como la Ley 43/2015 del Tercer Sector de Acción Social adolecían de una llamativa laguna, puesto que ninguna de las dos recogía expresamente a la ONCE como la entidad singular que es. La Ley 1/2026 cierra esa deuda pendiente con una declaración que va mucho más allá de lo simbólico. La nueva disposición adicional tercera de la Ley 5/2011 reconoce expresamente a la Organización Nacional de Ciegos Españoles como entidad singular de la economía social y del Tercer Sector de Acción Social, con plena condición de entidad colaboradora de la Administración General del Estado. Un reconocimiento que pone nombre y apellidos legales a lo que la ONCE representa: una organización sin parangón en el panorama social y empresarial español, con más de ochenta y cinco años de historia al servicio de las personas con discapacidad.
Pero la ley no se detiene ahí. La reforma incorpora también al catálogo de entidades de la economía social los centros especiales de empleo de iniciativa social, que hasta ahora quedaban fuera de esa definición pese a ser uno de los instrumentos más eficaces de inclusión laboral de personas con discapacidad. El Grupo Social ONCE gestiona algunos de los centros especiales de empleo más relevantes del país, y su inclusión expresa en la Ley 5/2011, junto con su declaración como entidades prestadoras de Servicios de Interés Económico General, supone un espaldarazo normativo de primera magnitud para seguir desarrollando esa actividad con el respaldo jurídico que merece.
En definitiva, la Ley 1/2026 no hace sino confirmar lo que en el Grupo Social ONCE sabemos desde hace tiempo, que hemos construido un modelo único, reconocido ahora por el legislador como referente de la economía social española. Un reconocimiento que no es un punto de llegada, sino el mejor punto de partida para seguir creciendo.
