Asesoría Jurídica y Económica de UP
El pasado 28 de junio de 2025 marcó un hito importante en España: entró en vigor la Ley 11/2023, que transpone al ordenamiento nacional la Directiva Europea 2019/882, también conocida como la Ley Europea de Accesibilidad o Acta Europea de la Accesibilidad. El objetivo de esta normativa es claro: garantizar que productos y servicios sean accesibles para todas las personas, incluidas aquellas con discapacidad, asegurando que las barreras tecnológicas, físicas o de comunicación se reduzcan o eliminen de una vez por todas.
La ley afecta a sectores muy diversos, desde los servicios digitales como páginas web, aplicaciones y comercio electrónico, hasta productos físicos como teléfonos móviles, ordenadores, libros electrónicos, cajeros automáticos, además de servicios bancarios, transporte o comunicación.
¿Qué exige la nueva ley?
Entre las obligaciones más destacadas se encuentra el cumplimiento, por parte de las plataformas digitales, de las pautas WCAG 2.1 a nivel AA, un estándar internacional que, dicho de forma muy simple, asegura que cualquier persona pueda navegar por internet. Junto a estas pautas se encuentra la norma UNE-EN 301 549, una norma técnica europea que traduce esos principios en requisitos concretos para productos y servicios de tecnologías de la información y comunicación. En otras palabras, es el “manual de instrucciones” que indica cómo deben diseñarse webs, aplicaciones, cajeros o dispositivos para ser realmente accesibles.
Además, la ley exige que se ofrezca información alternativa, como textos descriptivos, audioguías, subtitulado o navegación mediante teclado, y que se adapten los servicios físicos, como cajeros automáticos, con interfaces multisensoriales, botones en relieve, contraste visual, alturas accesibles e instrucciones por audio. Los plazos son diferentes según los casos: mientras que los productos y servicios nuevos deben cumplir desde la entrada en vigor de la norma, los existentes previamente dispondrán de plazo hasta el año 2030 para que se adapten.
¿Qué supone para las personas con discapacidad?
Para las personas con discapacidad, esta ley supone posibilidades muy esperadas. La autonomía será mayor porque podrán acceder a servicios digitales sin depender de ayuda externa, lo que también abre mejores oportunidades de inclusión y reduce la brecha social y digital. Por primera vez, además, la accesibilidad deja de ser una recomendación o una “buena intención” y se convierte en una obligación legal, con sanciones en caso de incumplimiento.
Un paso necesario, aún insuficiente sin compromiso
Sin embargo, el texto legal, a pesar de sus avances, aún no alcanza todo el potencial que se esperaba. Por ejemplo, los plazos son largos, lo que significa que hasta 2030 habrá personas que seguirán enfrentando barreras cotidianas. En cuanto al coste de la adaptación, es necesario que las empresas y los desarrolladores, fabricantes y diseñadores de los productos y servicios confíen en que la aplicación de la accesibilidad es una inversión necesaria. También se deberá velar para que se vigile el cumplimiento de la norma y se apliquen las sanciones previstas cuando corresponda. A ello se suma una última advertencia: cumplir técnicamente con los estándares debe ir acompañado de garantizar una buena experiencia de uso para los usuarios.
La entrada en vigor de esta ley es, en definitiva, un paso decisivo hacia la igualdad. Para las personas con discapacidad puede significar más independencia, más oportunidades y un reconocimiento efectivo de sus derechos. Pero la norma, por sí sola, no derriba muros. Harán falta vigilancia, recursos y compromiso social. Como bien resume ONCE, “ya no hablamos solo de principios, hablamos de obligaciones concretas”. Y, como advierte COCEMFE, sin control ni financiación suficiente, el riesgo es que esas obligaciones no se traduzcan en cambios reales.
