Comisión Ejecutiva Estatal de SUPO
Como hay cosas que no podemos hacer solos, ya sea por la discapacidad o por nuestras habilidades personales o la adaptación a nuestra discapacidad, en múltiples ocasiones necesitamos ayudas de otras personas para llevar a cabo actividades básicas de nuestra vida diaria. En muchos casos, como tenemos tan asumido que tenemos una discapacidad, normalizamos esa necesidad de ayuda de terceras personas, es decir, normalizamos esa dependencia de los que nos rodean, pero ello no supone que ni la dependencia ni la discapacidad no existan, sino que están muy presentes en nuestras vidas, y esta es nuestra realidad.
Además, como vivimos en una sociedad avanzada, solidaria con los que tienen más necesidades, las administraciones públicas ofrecen a sus ciudadanos determinadas ayudas, prestaciones o servicios para mitigar las dificultades de aquellas personas que tenemos discapacidad y dependencia.
Estas ayudas se articulan en base a dos documentos (“papeles”), el Certificado de Discapacidad, mediante el que se reconoce que la tenemos y el Grado de Dependencia, que nos dará derecho a una serie de prestaciones, en función de si esta se determina moderada, severa o gran dependencia.
Pues bien, para obtener estos documentos, paso previo a tener ayudas o prestaciones, debemos ser valorados por equipos multidisciplinares que, atendiendo a unas normativas y baremos estatales, dictaminarán nuestro Grado de discapacidad y dependencia. Es relevante indicar que estos equipos dependen de las Comunidades Autónomas, y que aplican normas de ámbito nacional.
Sin querer entrar en demasiado detalle, se dan de forma bastante generalizada una serie de anomalías en la tramitación de los “papeles”, y en los resultados de las valoraciones, siendo los más relevantes los siguientes:
- Los tiempos de tramitación, tanto del Certificado de Discapacidad como el reconocimiento de la dependencia, se alargan excesivamente en el tiempo, en algunos casos de formas exageradas, y sobrepasando los plazos que la ley prevé.
- Las valoraciones de muchas personas, miembros de SUPO y afiliados, por diversas circunstancias no responden a la realidad, siendo muy inferiores a lo que correspondería.
- Existen notables diferencias en las valoraciones en función de la Comunidad Autónoma en que se reside, a pesar de realizarse bajo unos mismos baremos y regulaciones estatales. Incluso dentro de la misma Comunidad, dependiendo del equipo valorador, existen también notables diferencias.
- Los procesos para recurrir esas infravaloraciones son complejos y requieren del asesoramiento y, en ocasiones, del concurso de profesionales especializados, y muchos de nuestros socios no saben cómo hacerlos.
Todo esto trae como consecuencia que, muchas personas con discapacidad y dependencia, no tienen ni los beneficios ni las prestaciones que ofrece la ley a las personas que más lo necesitan, en este caso miembros de SUPO, y aquí es donde los “papeles” y la realidad se disocian de forma evidente.
Además, en el caso de personas muy mayores, todos conocemos casos en que al alargarse tanto el proceso, más allá de los plazos que estipula la ley, si al final se les concede alguna mínima ayuda, ésta llega cuando ya han fallecido.
Hemos querido explicar sucintamente este gran problema, porque es un tema que afecta directamente a los socios de SUPO, por su discapacidad y que en muchas ocasiones se acrecienta por su edad.
Además, queremos manifestar que, desde SUPO, revindicamos que las administraciones, ya sean las centrales como las autonómicas, apliquen con equidad, rapidez y eficacia la ley que regula la dependencia y la acreditación como personas con discapacidad, dejando así de perjudicar los intereses de las personas afiliadas.
Que nadie vea un sesgo político en estas líneas, la aplicación de estas leyes han sido responsabilidad de gobiernos de todos los colores, y se encuentran en la situación actual, por las actuaciones que todos ellos han hecho.
Evidentemente, como no puede ser de otra manera, tanto la ONCE como el CERMI ya hace muchos años que vienen trabajando muy bien en estos temas, y desde aquí, manifestamos nuestro apoyo. Además, la ONCE orienta y ayuda a los afiliados que lo necesitan a tramitar y obtener las certificaciones.
Las sociedades modernas y los políticos que las dirigen, también sus administraciones públicas, además de decir que protegen a las personas con más dificultades, además de aprobar leyes muy avanzadas, han de trabajar por que se cumplan, teniendo la responsabilidad de ello aquellos que las gobiernan. Aquellos que tenemos que recibir sus beneficios, porque hemos trabajado mucho para que la sociedad llegue a ser solidaria, por desgracia, todavía hemos de seguir luchando y explicando aquello que no se cumple, para seguir avanzando juntos.
Y desde SUPO, seguiremos reivindicando que los “papeles” y la realidad en materia de reconocimiento de discapacidad y dependencia, sean parejos, que en esta sociedad que se ha construido gracias a nuestro trabajo y esfuerzo, se haga justicia para todos y que tengamos acceso a los beneficios que nos otorga la ley.
